Conclusión y perspectivas de progreso

El sistema de protección social en salud de Chile forma parte del sistema de protección social global, el cual busca establecer condiciones de seguridad a las persona, garantizándoles derechos sociales que les permitan finalmente reducir los riesgos en salud. Este sistema se ha hecho bastante complejo, con gran diversidad de de programas y beneficios, y de distintos modos y fuentes especificas de financiamiento.

Su paulatino desarrollo histórico ha estado enmarcado en el desarrollo global de la protección y aseguramiento social, lo que a su vez ha sido influido por el énfasis político y económico predominante y el rol que se ha otorgado al Estado en diversos períodos. La gran diversidad de programas refleja además la convivencia de diversos enfoques, destacando desde la acción estatal para asegurar la respuesta a los derechos de la ciudadanía (como el caso de del programa universal de vacunas o el sistema GES) al aseguramiento privado de riesgos en caso de temas y grupos de población específicos (enfermedad común por ISAPRE, trabajadores por mutuales de seguridad, riesgos de tránsito adicionales cubiertos por aseguradoras).

El aseguramiento privado de ISAPRE, y la mantención de sus beneficiario adscritos como tales a ese sistema está muy relacionado con mantener un empleo formal y la posibilidad de aportar cotizaciones oportunamente. FONASA por otro lado, cumple con el rol de fondo de seguridad pública y además debe prestar beneficios a quienes no tienen empleo o capacidad suficiente para cotizar. Ambos sistemas enfrentan un permanente desafío que es distinto: en el caso de ISAPRE, se busca retener o aumentar su número de cotizantes, lo que depende de que dicho cotizante tenga capacidad de pago de prima (por lo tanto empleado), y en el caso de FONASA debe responder a sus beneficiarios por un lado, pero a su vez aportar beneficios a quienes no trabajan, lo hacen muy esporádicamente (como temporeros( o tienen empleos informales) y por lo tanto no contribuyen con cotizaciones que permitan asegurar el financiamiento adecuado de ese Fondo público.

La protección social en salud se apoya preferentemente en el aseguramiento de aspectos cruciales como prevención, curación y rehabilitación de las enfermedades, los accidentes del trabajo y enfermedades laborales, y los accidentes escolares. También incluye un amplio rango de programas y prestaciones de salud pública; muchos de ellos enfocados en población pobre y de mayor necesidad.

Los beneficiarios de los tres principales sistemas de previsión para enfermedades comunes (FONASA, ISAPRE y previsión de Fuerzas Armadas) específicos de salud continúan con una distribución histórica relativamente similar. A pesar del progreso económico del país y su población, más de tres cuartos de la población continúa adscrita a FONASA, mientras que el sistema ISAPRE alcanza a 17%. Incluso, la tendencia de FONASA ha sido a incrementar sus beneficiarios tanto por aumento de habitantes como por migración desde el sistema ISAPRE. La “pobreza” que limita el acceso al mercado lucrativo de salud es mucho mayor que la estimada tradicionalmente en base al ingreso equivalente al doble de dos canastas básicas mensuales.

El seguro obligatorio de salud se enmarca  en los principios y marco normativo del sistema chileno de salud, con gran amplitud teórica de opciones para elegir previsión pública o privada y a través de uno u otro sistema, para que los asegurados públicos y privados puedan optar a diversos tipos de centros asistenciales de salud, sean estos públicos o privados. Ese modelo, basado en que la regulación y eficiencia principal proviene del mercado, no parece haberse consolidado conforme al plan y modelo original, lo que se refleja en la mayoritaria proporción de asegurados de FONASA y de usuarios del SNSS que se mantienen en el sistema público, el desfinanciamiento crónico y crítico del SNSS y el frecuente descontento ciudadano (de sectores públicos y privados). Este tema fue estudiado por la Comisión Presidencial de Salud en 2010, pero sus recomendaciones no fueron finalmente acogidas o puestas en práctica.

Las Cajas de Previsión de Fuerzas Armadas y de Orden tienen un sistema organizado de previsión que también incluye red asistencial propia, que por razones históricas recientes, tiene infraestructura moderna y adecuadamente equipada.

Los seguros de accidente y enfermedad laboral y los centros asistenciales que algunos de estos seguros funcionan en forma adecuada, aunque sólo están restringidos a aquella proporción de trabajadores que cuentan con empleos formales y empleadores involucrados en proteger y asegurar a sus trabajadores. Quedan fuera de esta opción una gran proporción de trabajadores informales o sin empleo estable.

En sus recomendaciones, destaca que la Comisión Presidencial de Salud de 2010 (conformada por expertos de distintos sectores políticos) respaldó en forma unánime la propuesta de un plan universal de salud; ello incluía un cambio en la forma de calcular los aportes fiscales a la salud, con una prima per cápita para cubrir dicho plan en el caso de los indigentes y parcialmente a quienes pueden contribuir con su cotización. También se propuso crear un fondo de compensación de riesgos que fuses financiado con las cotizaciones obligatorias de salud y los subsidios que el Estado destine a las primas per cápita.